El verano pasado, Francia vió como un decretazo creaba dos bases de datos que incluye información variada sobre cualquier ciudadano mayor de 13 años con algún tipo de actividad pública.

En Septiembre, justo hace unos días, saltó la noticia referente a la integración europea en materia de policía y recolección de datos de “inteligencia”, incluyendo un área de cooperación entre la Unión Europea y los Estados Unidos dedicada a la “libertad, la seguridad y la justícia”.

Ayer mismo sucedía en Londres lo mismo. Un proyecto por el cual el gobierno británico quiere almacenar los datos de absolutamente todas las comunicaciones de sus ciudadanos en aras de combatir el terrorismo, el abuso de menores, los asesinatos y el tráfico de drogas.

La ministra del Interior británica, la laborista Jacqui Smith, quiso parar la tormenta que ella mismo desató alegando que

la base de datos no va a incluir el contenido de las comunicaciones o mensajes, pero si desde donde se realizan y la identidad de los comunicantes.

Sin embargo, por mucho que se piense que si no se tiene acceso a las conversaciones las escuchas no son eficaces, ésto es completamente falso.
Los datos que se incluirán en esa base de datos se podrían denominar “traza privada”.
Sabiendo solamente quien envía o recibe mails, peticiones de chat o llamadas telefónicas, cuando y desde dónde, se pueden aproximar afinidades políticas, sentimentales, sexuales, religiosas e incluso aspiraciones profesionales.

Se trata de información personal, de datos que describen la intimidad, cuya captura y utilización debería estar garantizada por la tutela judicial. Sin que un juez lo controle, probablemente sin que ni el juez pueda llegar a saberlo, información personal sensible, que merece la máxima protección, podría estar al acceso de personas cuyas buenas intenciones no hay por qué presuponer.

En este momento, algún lector podrá pensar que “ésto se hace en Gran Bretaña, Francia o Suécia, y no nos afecta“. Otra vez se equivocará.
“Ah, claro. Ahora viene lo de que no se tardará mucho en aplicar esta política.”
Fallo otra vez: En España se aprobó un Real Decreto idéntico justo hace ahora tres años, en 2005, por otro gobierno socialista y autoproclamado “progresista”.

Cómo no, todas estas medidas se toman para proteger los derechos de los ciudadanos, ciudadanos que ven como su derecho a la intimidad desaparece de un día para otro, sin ninguna garantía que éstas medidas totalitarias sean efectivas.

Curiosamente, todas éstas medidas más restrictivas y totalitarias vienen de la mano de gobiernos “progresistas”. Algo falla.

La Unión Europea, presuntamente la que debería garantizar nuestro derecho a la intimidad, ha propuesto la implantación de escáneres corporales en los aeropuertos. Éstos escaneres “desnudan” a los viajeros mostrando a los operadores absolutamente todo, inclusive los genitales.

Obviamente, la Comisión Europea, el órgano legislativo europeo que se nombra a dedo, da garantías de que el uso será “opcional” para los estados miembros y además “no obligatorio” para los pasajeros.
Es decir, que los estados podrán o no aplicar esta medida ineficaz y vejatoria, y los usuarios que se nieguen a pasar por el aro, deberán pasar por el otro aro, el tradicional arco actual, y sufrir otra medida vejatoria consistente en un cacheo idéntico al que se practica a un delincuente cuando se le detiene. A la vista de todo el mundo y con el pasaporte en la boca.

Para los que tengan dudas sobre esta medida, el Comisario Europeo de Transporte, Antonio Tajani, al que ninguno de los ciudadanos que pasen por este nuevo escáner ha votado, se permite la frivolidad de soltar esta perla:

La prioridad es la seguridad pero sin acosar al ciudadano.

Señor Tajani, si obligar a los ciudadanos a sufrir vejaciones consistentes elegir entre pasar por escáneres que muestran hasta los genitales o entre sufrir un cacheo público no es acoso, quizá debería considerar el abandonar su cargo. A parte de acoso, lo suyo es una falta de respeto muy grave a la decencia y dignidad humanas.

En su afán por defender de los derechos de los usuarios, la Comisión de Cultura preparó un texto sobre el pluralismo y la independencia de los medios de comunicación en la red, para que este tipo de sitios y otros con información generada por usuarios tengan que cumplir las mismas normas que se exigen a las demás formas de expresión pública.

Aunque la ponente del informe, Marianne Mikko del grupo socialista, aseguraba antes de la votación que en ningún momento se pretendía regular internet, la resolución aprobada reconoce la importancia que han cobrado en los últimos años los blogs, recuerda que los profesionales de los medios de comunicación (también conocidos como “periodistas”) usan cada vez más los blogs, y defiende un debate sobre su estado legal, subrayando la importancia de garantizar la protección de los derechos de autor en los medios en línea, haciendo que las “terceras partes” deban mencionar la fuente cuando citen declaraciones”.

En la propuesta original, presentada en junio, incluía la creación de una suerte de DNI del bloguer, con información sobre la identidad del autor, sus intereses políticos o sociales y la responsabilidad social de éste.

Este registro voluntario, que en absoluto pretende (acabáramos!) regular internet, estaría dedicado a clarificar identidades de autores, saber qué dice quién y poder

establecer criterios de “autenticidad” sobre el exceso de información, una de las causas que promueven la intoxicación de la Red.

Bajo la excusa de proteger los “derechos de los usuarios”, se esconden las razones reales: la “intoxicación de la red”, el “exceso de información” o la “protección de los derechos de autor”.

El registro “voluntario” de blogs termina con el anonimato de algunos autores que, bien sea por razones personales, vergüenza o incluso por prevención de su estado físico (concepto conocido como “prevención de represálias”), no pueden publicar sus bitácoras de forma pública.
También crea una lista negra de “autores falsarios” que, al no estár registrados como “fuente fidedigna”, todo lo que publiquen será puesto en entredicho y podrán ser acusados de “intoxicar la información”.
Por último, la “protección de derechos de autor”, LA razón por excelencia que está rigiendo estos ultimos meses gran parte del recorte de libertades y derechos de los ciudadanos frente a entidades de gestión, entidades que se están erigiendo en legisladoras, juez y parte interesada en este proceso de recorte, mientras que las instituciones de la Unión Europea prefieren seguir cortando los pocos lazos que deberían unirlas con los ciudadanos, que al fin y al cabo son quienes delegan sus decisiones en ellas y les pagan el sueldo.

Siento molestarles con un email colectivo.

Como está ocurriendo cada vez con más frecuencia cuando tomamos decisiones relacionadas con Internet, estarán recibiendo estos días multitud de emails en referencia a la votación de mañana sobre el Paquete de Telecomunicaciones. Estoy seguro que rechazarán este tipo de presión y amenazas, como harían si vinieran de fundamentalistas de otros tipos, o de alguno de lobbies empresariales que muchos de ustedes critican tan a menudo. Y voten lo que consideren que es correcto, equilibrado y razonable en la era de Internet. Podemos discrepar en algunos asuntos, pero cualquiera que mienta acerca de lo que realmente dicen los textos propuestos para el voto, no debería de ser tomado en consideración.

En este contexto de seriedad, permítanme subrayar la importancia de rechazar la Enmienda 138, que lleva la firma de una larga lista de colegas muy respetados, comenzado por Guy Bono.

Hay un principio que deberíamos considerar: Internet puede requerir en ocasiones diferentes normas de las que se aplican en nuestras plazas y calles. Pero lo que puede ser considerado como “el mundo de Internet”, no puede ser un lugar menos seguro que el mundo físico en el que vivimos.

Por las razones que sean, que toca explicar a los firmantes, lo que esta enmienda dice es: no se puede aplicar ninguna restricción a los “derechos y libertades” en Internet si no ha habido previamente una autorización judicial, con la única excepción de la ley criminal, e incluso en este caso de manera restrictiva. Si esto hubiera que aplicarlo a nuestras fuerzas policiales en las carreteras y autopistas, o a nuestros profesores y autoridades académicas en escuelas y universidades, o a las autoridades de planificación urbana en nuestras ciudades y pueblos, o a cualquier autoridad estatal en cualquier campo, a cualquier nivel, ¿cómo sería el mundo? Quizá estuviéramos bajo un gobierno de jueces, si eso fuera posible. Los jueces están para revisar las decisiones, y para sancionar los abusos injustos de la autoridad o el poder, o los actos ilegales. Y están, en algunos casos, para suspender acciones de las autoridades competentes. ¡Pero los jueces NO están ahí para ser consultados permanentemente por las autoridades antes de de hacer lo que sea que la ley les autorice a hacer!

Habrá una enmienda oral, que restringirá este texto a los “derechos y libertades fundamentales”. Si esta enmienda oral se acepta, el texto quizá tenga algo de sentido. Si esa enmienda oral no se acepta, voten por favor contra las tres partes de la Enmienda 138.

El hecho que un Eurodiputado pida a sus colegas que no se dejen influir por presiones externas al Parlamento, puede ser signo de buena señal. Por aquello de la incorruptibilidad. Pero el matiz que hace, asegurando que estas presiones son en realidad “amenazas” que vienen de “fundamentalistas”, dice también mucho, y muy malo.

El matiz de Guardans trata a ciudadanos que aún se preocupan por temas políticos de mentirosos, asegura que Internet no puede ser un lugar menos seguro que el mundo físico y que para ello deberían poderse aplicar medidas sin autorizaciones judiciales, porque según el Eurodiputado Guardans, si un urbano pone multas de tráfico sin orden judicial, una entidad privada de gestión de derechos bien debe poder monitorizar comunicaciones o cerrar webs de la misma forma…

Todo esto viene después que el mismo Guardans se felicitara por el aumento de la transparencia… y ahora pide que no se escuche a los ciudadanos de la Unión Europea y, además, que se les convierta en delincuentes sospechosos.

Sea cual sea el resultado de la votación de hoy en el Parlamento Europeo, se aprueben o no las enmiendas, está más que demostrado que las instituciones que deberían estar al servicio de los ciudadanos no les escuchan, les tratan de mentirosos, delincuentes y piratas, rompiendo así cualquier contrato social, admitiendo ya de forma clara y pública que su objetivo es una Europa totalitaria.

En cualquier situación, cuando una de las partes rompe unilateralmente un acuerdo, éste deja de tener validez.

En los últimos días se ha sabido que la CNMV va a ser el primer órgano competente autorizado para cerrar páginas webs sin intervención judicial, según lo previsto en el articulado de la citada LISI. En concreto, estará autorizada a cerrar páginas webs que ofrezcan información sobre economía y de la cual se estime que puede tener una influencia sobre los precios. (Expansión vía EOL y Carlosues)

De ahora en adelante, toda opinión en internet que defienda una línea de pensamiento que contradiga a la verdad oficial del gobierno correrá el peligro de ser cerrada. Y dado que las leyes se hacen para hacerlas cumplir, podemos dar por sentado que si la web en cuestión adquiere cierta relevancia, seguro tendrá problemas. Citando a Manuel del Pozo en Expansión:

Porque si la CNMV controlase la información que se publica en EXPANSIÓN porque puede afectar al mercado, también el Gobierno tendría derecho, por ejemplo, a inspeccionar lo que publican los periódicos en época electoral. Se podría censurar la información que se ofrezca sobre ETA, sobre el accidente de Barajas o sobre cualquier otro tema que se pueda considerar información relevante.

Este el escenario que el gobierno (y todos los grupos parlamentarios; sí, el PP y sus «lamentables errores» tambien) buscaban con la LISI: tener la ocasión de cerrar la boca todo aquel que mantenga tesis contrarias a las oficiales y deseadas. Todo el que no esté de acuerdo con el optimismo enfermizo de nuestros dirigentes puede ir rezando todo lo que se sepa. Eso es la LISI: Internet bajo control de un gobierno que ya no nos representa a nosotros, a los que votamos y pagamos impuestos, sino a sí mismo y a las aspiraciones de perpetuarse que tiene la oligarquía política y económica.

Y esto es sólo el principio, el primer órgano de todos los que podrán venir. Europa se desmorona. La que fuera cuna del mundo libre y democrático que conocemos promueve la censura y desarrolla un autoritarismo rampante con intereses espurios, unas veces se escuda en los precios (¿acaso no es el IPC el indicador de precios más falseado de todos, precisamente por estar bajo control del principal interesado en manipularlo, que no es otro que el gobierno?). Otras veces los Estados europeos se escudan en la propiedad intelectual. Otras en las falsas medidas de seguridad.

Las excusas ya son lo de menos. Sarko instaurando la «policía del pensamiento» (aunque en unas semanas se recogieran decenas de miles de firmas en contra) y Berlusconi fichando a gitanos por… por nada, tan sólo por ser gitanos (criminalizar lo que se es y no lo que se hace en el mundo, puro fascismo). Y Zapatero, talantoso, sonriendo pero deportando inmigrantes (pena de amnésicos egoístas, una tierra de emigrantes como ésta). Sonriendo pero aprobando leyes que reducen nuestras libertades. Qué quieren que les diga, son la misma mierda. La versión bronca y la refinada hipócrita de una misma forma de hacer política: la que ignora los intereses generales de las personas para anteponer el interés particular de nosesabequiénes.

Me juego la mano buena (aunque no les diré cuál es, por si acaso) a que pronto hablaremos aquí de un segundo órgano competente (lo cual da miedo, porque si hay más de uno, puede haber un ciento, cada uno censurando su corral). Éste segundo órgano competente habilitado será, mucho me temo, la SGAE. No creo sorprender a nadie cuando digo eso, pero aún alguien pensará que ¿por qué no ha sido la SGAE el primer órgano competente? Sencillamente, porque se les habría visto demasiado el plumero. Y porque no sólo la SGAE gana con la LISI. La victoria del Estado (a quien, sin duda alguna, se la suda el intercambio de música en sí mismo) es poder controlar no el intercambio de música, sino el de información «sensible» a sus intereses.

Como siempre he defendido, «la lucha contra la piratería» para el estado tenía la gran ventaja de que las herramientas que te impiden copiar una canción te impedirán copiar cualquier otra cosa que tú quieras copiar y el poder establecido quiera controlar. Aún no han podido leerlo, pero el tema central de la sociedad de control, ese libro que pronto espero que puedan leer, gira en torno a este tipo de conjunciones estelares en que con una excusa tibia se logra introducir una medida con profundas implicaciones para el modo en que desarrollamos y desarrollaremos nuestra vida. Y vista la escasa reacción que mostramos a estos asuntos, parece que muchos no le dan gran importancia o que no la ven venir en absoluto, como ranas en un perol de cocina.

*** Actualización (2008-09-09 @ 14.00h): Carlos Alonso ha dejado un comentario que me invita a tomarme esta noticia con cierta cautela. A pesar de que en El Otro Lado hablan de la LISI (no es creación mía) como la herramienta que justificaría este apoderamiento de la CNMV. Y a pesar de que, tal y como lo veo, se dice que es la CNMV la que ha solicitado al gobierno esto, y por tanto podría no estar incluída en la orden ministerial en sí misma, sino ser un trabajo en proceso. En definitiva, que les invito a tomarse esto no como algo confirmado sino como un rumor bastante tangible, pero rumor al fin y al cabo. Gracias a Carlos, por el aporte :)

Las propuestas del grupo seguramente van a hacer saltar los debates, ya que se propone que los miembros de la UE manden toda la información recabada de sus ciudadanos a una unidad central de inteligendia, creando así una red de “centros anti-terroristas”, estandarizando las técnicas de vigilancia policial y extendiendo el uso compartido de bases de datos que incluyan tanto huellas digitales como ADN, añadiendo a éstas imágenes tomadas por cámaras de vigiláncia y otros materiales.

El informe también incluye la decisión de expandir la actual Gendarmería Europea, que actualmente está formada por fuerzas de Francia, España, Portugal y Holanda, a un cuerpo de la UE que pueda usarse para realizar intervenciones paramilitares fuera de territorio europeo.

Basándose en la lucha eficaz contra el terrorismo, el informe sugiere un pacto de cooperación Euro-Atlántico con los Estados Unidos. Este documento de cooperación debe finalizarse en 2014 y no solamente incluiría los temas de terrorismo y datos sobre los pasajeros, si no también todo el área de justícia y asuntos interiores: cuerpos de policía, inmigración, intercambio de bases de datos biométricas… La diferencia de la regulación de la privacidad entre Europa y los Estados Unidos representaría un gran escollo para la ratificación de este pacto, pero los EEUU presionan para conseguirlo, según explica Tony Bunyan, editor de Statewatch:

Todas las pruebas de docenas de reuniones de alto nivel mantenidas entre la UE y los EEUU acerca de asuntos de interior y justícia desde el 11 de Septiembre de 2001 muestran que esto es una calle de sentido único con la UE evitando las demandas de los EEUU. Cuando la Unión Europea no se rinde ante los EEUU simplemente se negocian acuerdos bilaterales con cada uno de los estados miembros. Un pacto permanente entre la UE y los EEUU sería un desastre completo para la privacidad y las libertades civiles en Europa.

Bruno Waterfield, corresponsal del Daily Telegraph en Bruselas ha expresado la forma en que el escalado de la seguridad ha llegado hasta un nivel que él llama “seguricracia”. Waterfield cree que empezó con la “interoperabilidad” a nivel nacional y de la misma Unión, lo que proporcionó un intercambio más fácil de la información de las bases de datos. Esto dió la idea de la “disponibilidad”, lo que significa “el intercambio de cualquiera de esos datos, con la excusa de que es importante por temas de seguridad”. El último peldaño es la “convergencia”.

Este concepto anuncia una nueva era mediante la estandarización de las tecnicas policiales de vigilancia por toda Europa y creando un repositorio de herramientas para recabar datos de los ciudadanos, capaz de operar a nivel de todo el continente europeo.

Artículo original en EDRI

En concreto, me gustaría llamar su atención sobre un conjunto de 5 enmiendas que nada tienen que ver con el objetivo de la legislación que se está estudiando. Estas enmiendas atacan la libertad de los usuarios en Internet y amenazan la neutralidad de la misma. Por esa razón se han bautizado como popularmente como “Enmiendas Torpedo”.

Son las enmiendas propuestas por los eurodiputados Syed Kamall y Malcom Harbour. La nomenclatura H1, H2, H3, K1 y K2 se corresponde con las empleada en las votaciones del Parlamento de la siguiente manera:

• H1 - Enmienda 81 del Informe Harbour.
• H2 - Enmienda 112 del Informe Harbour.
• H3 - Enmienda 76 del Informe Harbour.
• K1 - Enmienda 32 del Comité LIBE al Informe Harbour.
• K2 - Enmienda 27 del Comité LIBE al informe Harbour.

A propósito de la Enmienda H1

La enmienda H1 propone la regulación de las posibles restricciones aplicables a la capacidad de los usuarios de acceder o de distribuir contenidos legales o de ejecutar aplicaciones y servicios legales de su elección, para lo cual las autoridades nacionales de reglamentación podrán adoptar directrices para establecer requisitos mínimos de calidad del servicio.

La imposición de dichas directrices a los proveedores del acceso a internet deja en manos de estos últimos la decisión sobre cuando aplicar o no las restricciones arriba mencionadas. También abre la puerta (en combinación con la enmienda K1) a la utilización de spyware, un software cuya función es la de monitorizar cada una de las acciones del usuario, para el aplicar dichas directrices directamente sobre el ordenador del usuario (la llamada Informática Traicionera).

Nótese que, a pesar de estar redactada como una protección del usuario frente a restricciones abusivas, las restricciones que permite ya son, en sí mismas, un abuso. La aprobación de dichas enmiendas admite como aceptables dichos abusos, y su rechazo los deja sin regulación, pero no
los impide.

A propósito de la Enmienda H2

La enmienda H2 promueve la colaboración entre las autoridades nacionales de reglamentación y los sectores interesados en la promoción de contenidos legales en servicios y redes electrónicas de comunicaciones.
Dicho de otra forma: promueve la colaboración con las entidades gestoras de derechos de autor (la SGAE en España, por ejemplo) para determinar que contenidos son considerados legales y cuales son considerados ilegales. En un estado de derecho, estas funciones deberían ser competencia del poder judicial, y no de una entidad privada.

Esta posición de poder (en combinación con la enmienda H1) podría ser utilizada indebidamente por dichas entidades, dando lugar a abusos que se convertirían en una forma de censura encubierta y de eliminación de posibles competidores. Podría, por ejemplo, utilizarse para desconectar a los usuarios de servicios P2P, tal y como ya se ha propuesto en Francia y Reino Unido, y como vienen reclamando en España las entidades gestoras de derechos de autor, que ya están negociando acuerdos con los
proveedores, saltándose cualquier legislación y todos los poderes del estado.

Téngase en cuenta que la LISI concede a un órgano competente no judicial la potestad para ordenar el cierre de una web sin intervención judicial previa. La aprobación de la enmienda H2 daria a las entidades gestoras de derechos de autor, en España, argumentos de peso para reclamar su carácter de “órgano competente”.

A propósito de la Enmienda H3

Según reza el texto de la enmienda H3 obligaría a los ISP a informar a sus abonados sobre temas tales como:

• a) el uso no permisible legalmente por parte de los abonados de los servicios de comunicaciones electrónicas, incluyendo la infracción de los derechos de autor y derechos afines
• b) los usos no permisibles legalmente más comunes de los servicios de comunicaciones electrónicas, incluyendo la infracción de los derechos de autor y sus consecuencias
• c) los medios al alcance de los abonados para protegerse contra los riesgos para la seguridad personal, la privacidad y los datos de carácter personal en el uso de los servicios de comunicaciones electrónicas.

No se hace referencia en dicha enmienda a si dicha información se enviaría a todos los abonados o solamente a aquellos a los que se le hubiese detectado alguna infracción relativa a los puntos a), b) y c).
La segunda posibilidad (no despreciable si, de acuerdo con la sugerencia de la enmienda K1, se impone la instalación de spyware en el ordenador del usuario), significaría una intromisión en la intimidad del usuario sin autorización judicial previa, situación similar a la provocada en España hace años por la conocida como Ley Corcuera o Ley de la Patada en la Puerta, que finalmente fue derogada por incostitucional.

Teniendo en cuenta que:

• el intercambio, sin ánimo de lucro, de archivos por P2P en España constituye, a lo sumo, un ilícito civil
• los proveedores de Internet tendrán que controlar de alguna manera si el usuario está usando P2P
• el aviso al usuario al final lo paga la Administración

Podemos concluir que con la enmienda H3 estamos configurando el primer “strike” de la Guillotina Digital de Sarkozy pagado con dinero público.

A propósito de la Enmienda K1

La enmienda K1 está relacionada con la instalación obligatoria de “spyware” en los ordenadores de los usuarios.

Permite que se puedan aplicar medidas técnicas para detectar, interceptar, o prevenir infracciones de derechos de propiedad intelectual, con la única condición de que no afecten a la competitividad del mercado interno.

Para prevenir estas infracciones, los usuarios deben de ser monitorizados por software. Este software, el “spyware obligatorio”, controlaría esas infracciones de propiedad intelectual, convirtiéndose
en un “policía” o “juez” que decide qué te puedes descargar y qué no.

Dice el texto de la enmienda K1 que no deben imponerse requisitos obligatorios a los ordenadores, ni siquiera con el fin de prevenir derechos de propiedad intelectual. Es decir, que la prevención de
derechos de propiedad intelectual no debe de dar lugar a que se imponga la compra de determinados ordenadores. En otras palabras, que no pueden obligarte a comprar un determinado modelo de PC (o un determinado Sistema Operativo), sino que el control de derechos de propiedad intelectual se podrá hacer en cualquier tipo de ordenador.

A propósito de la Enmienda K2

El texto de la enmienda K2 dice que se podrá procesar el tráfico de una red por “razones de seguridad”.

En sí misma, esta enmienda deja abierta la puerta a cualquier interceptación de datos que se haga bajo “razones de seguridad”. En la práctica, son las compañías proveedoras de Internet las que realizarán este filtrado, y en el estado de derecho en que se supone que estamos, estas tareas corresponden a la policía, bajo un mandato judicial.

Combinada con K1, abre la puerta al control automático de estos datos, mediante spyware.

En resumen, la aprobación de las enmiendas “torpedo” darán nacimiento a una Internet pobre que propiciará un empobrecimiento de las libertades, dando facilidades a un debilitamiento de los derechos y de la democracia, facilitando el camino al totalitarismo.

Este modelo rompe directamente con el contrato social que se consiguió, precisamente, con la creación de la propia Unión Europea, dejando al margen a los ciudadanos y situandolos en una posición de perpetua sospecha por cualquier actividad que realicen, desde salir a la calle hasta navegar por Internet.

Usted es miembro de la Comisión de Libertades Civiles¹, y por eso me gustaría saber cual es su opinión al respecto del Paquete Telecom que, como dije al principio, se votará a finales de este mes, y me permito la osadía de pedirle en cualquier caso que vote en contra de estas enmiendas.

Atentamente,

1. Esta frase solo aparece en la carta al Eurodiputado Javier Moreno Sánchez

Esta nueva iniciativa se suma a las que ya están en marcha, como la campaña iniciada por la Asociación de Internautas en España, o desde en Francia.
Desde esta misma web o desde Freedom, not fear en Alemania, también se han impulsado iniciativas parecidas, aunque no limitadas a las enmiendas torpedo.

Uno de los objetivos comunes es el de convencer a los 785 eurodiputados europeos de las nefastas consecuencias de estas enmiendas, y de que voten en su contra.

Para la Campaña conjunta Contra las Enmiendas Torpedo de estas cuatro organizaciones se ha habilitado un wiki como centro de información. Contiene instrucciones para los activistas, información sobre las enmiendas, argumentos contra las mismas, y el listado de los eurodiputados para hacer el seguimiento de sus respuestas, así como una carta modelo para mandar.

El debate preliminar de las enmiendas torpedo se realizará la semana próxima, entre el 1 y el 4 de septiembre, y la votación por parte del Parlamento será entre el 22 y el 25 de septiembre.

El futuro de Internet en Europa se decide en menos de un mes ¿Que vas a hacer tú?

Tras las recomendaciones de la abogada general del Tribunal de Justícia Europeo, que consideraba que

El conjunto de medidas de seguridad son jurídicamente inválidas y debido a su carácter secreto deberían ser declaradas inexistentes.

el tribunal dictó sentencia.

El pasado 19 de Agosto, el Boletín Oficial de la Unión Europea publicaba esa legislación, hasta ahora ilegal, con el nuevo reglamento 820/2008.
El eurodiputado nacionalista Ignasi Guardans publicó ayer la noticia, que ha pasado inadvertida durante nueve días, ya que la Comisión Europea no ha puesto demasiado entusiasmo en su difusión.

Papel mojado

Aunque esto parezca una victoria, no lo es, o en todo caso, sería una victoria menor. La gran mayoría de artículos sospechosos se mantiene y el nuevo reglamento capacita a las “autoridades competentes” de cada estado miembro a ampliar la lista según crean conveniente, obligandoles a publicitar esos cambios “con la mayor rapidez posible”.

Igualmente, los estados miembros podrán desarrollar por su cuenta “nuevos métodos de control” que podrán “evaluar” por un máximo de 30 meses. En ningún punto se dice nada de comunicar estos “nuevos métodos” a los pasajeros, aunque si que se deberán comunicar tanto a la Comisión y a los demás estados.

La arbitrariedad de los controles se mantiene, ya que el personal de seguridad, agentes de seguridad privada, podrá denegar el acceso de cualquier persona que lleve un artículo que, aunque no figure en la lista, se considere “sospechoso”.

Con el nuevo reglamento, seguimos estando en manos de personal no cualificado para tareas de control y lucha antiterrorista. Personal cuyos requisitos sobre el tema se limitan a “tener una visión global sobre terrorismo”. Personal que realiza tareas muy difíciles, en condiciones de mucha presión, y que no deberían realizar por tratarse de funciones específicas a desempeñar por fuerzas de seguridad especialmente dedicadas a estos temas, pero para los que se incluye formación específica. Según el reglamento,

El programa nacional de formación en seguridad de la aviación incluirá formación sobre la manera de tratar a los pasajeros indisciplinados.

¿Desde cuando un reglamento de la Unión Europea garantiza solamente el derecho del personal de seguridad a poder formarse para “tratar a los pasajeros indisciplinados”?

¿Dónde quedan los derechos de los ciudadanos disciplinados?

¿Que irresponsable se permite trasladar las competencias de la lucha antiterrorista desde los cuerpos y fuerzas de seguridad estatales a empresas de seguridad privada, poniendo en riesgo las vidas de los pasajeros y de los propios vigilantes?
¿Aceptaríamos que las tareas que realiza la Guardia Civil en un control preventivo de carreteras, las hiciera un vigilante privado?

¿No será que estas medidas son completamente ineficaces, puramente intimidatorias, destinadas a amedrentar a la población y por eso pueden realizarlas personas no formadas específicamente para la lucha contra el terrorismo?

El nuevo reglamento deja la puerta abierta a poder mantener algunos aspectos en secreto. Tal y como consta en la parte dedicada a “Consideraciones”, concretamente en la número cinco,

No obstante, sigue siendo esencial mantener secretas de­terminadas medidas cuya divulgación podría facilitar su elusión y la perpetración de actos de interferencia ilícita. Entre tales medidas figuran, en particular, determinados procedimientos detallados y exenciones de estos, relativos al control de los vehículos que entran en las zonas res­tringidas de seguridad, el registro de aviones y de pasa­jeros, el trato a los pasajeros perturbadores, el control del equipaje de bodega no acompañado y del equipaje de bodega mediante sistemas de detección de explosivos y el control de la carga y del correo, así como las especi­ficaciones técnicas aplicables a los equipos de control.
Estas medidas deben adoptarse por separado, mediante una decisión destinada a todos los Estados miembros en un nuevo Reglamento.

En la “consideración” número 6 se dispone que se debe poder establecer una diferenciación entre aeropuertos “en función de una evaluación de riesgos local”. Es decir, las medidas se aplicarán arbitráriamente según cada aeropuerto. Si estas medidas pueden aplicarse de esta forma, es que no resultan eficientes en modo alguno.

El supuesto aumento de transparencia en la legislación europea no es tal, ya que ha tenido que ser un eurodiputado quien ha hecho público un reglamento. La Comisión Europea, órgano no representativo responsable de crear, modificar y derogar leyes en Europa, no ha hecho absolutamente nada por dar a conocer esta modificación y la posibilidad de existencia de reglamentos y anexos secretos sigue en pie.

Que tipo de transparencia queremos

Esta modificación no debería ser notícia, ya que el artículo 254 del Tratado de la UE, el documento fundacional, establece la obligada publicación de todos los reglamentos, directivas y decisiones que surjan de aplicar el procedimiento de codecisión, independientemente del proceso seguido.

Desde 2003 se han estado aplicando una serie de leyes y modificaciones de forma ilegal. Legalizar esa situación no es, de ningún modo, una victoria ni un “aumento de la transparencia”.

Una victoria sería la derogación del reglamento, y prohibición de otros reglamentos similares futuros, que impone medidas arbitrarias, absurdas y totalmente ineficaces para “luchar contra el terrorismo”

Un aumento de la transparencia sería que la Comisión Europea estuviera sujeta a elección en una mesa electoral por aquellos ciudadanos a los que se luego se aplican sus decisiones.

Por cierto, las raquetas de tenis por las que empezó todo, no figuraban en la lista prohibida… y como curiosidad final, la nueva lista de artículos prohibidos sospechosos de arma terrorista incluye las catapultas…