A principios de mes saltaba la notícia que la Agencia Española de Protección de Datos proponía “equilibrar” la protección de datos personales con los “derechos de autor”.

Antes, tanto en Francia como en Inglaterra, la polémica giraba entorno a las nuevas legislaciones destinadas a restringir tanto la privacidad de las personas como el acceso a Internet, ya que en esos dos “motores de Europa”, se aplican o proyectan leyes que permitirán que las sociedades privadas de gestión de derechos de autor suplanten al poder judicial en las decisiones sobre qué cosas se pueden descargar legalmente y qué cosas se considerarán “descargas ilegales”, obligando a los proveedores de acceso a internet a convertirse en policias y espiar el tráfico de cada uno de sus clientes.
Una vez las sociedades de gestión digan lo que para ellos es ilegal, y con los datos que proporcionen los proveedores, se mandarán avisos a los usuarios que se considere que descargan “contenidos ilegales”. Al tercer aviso, se les reducirá drásticamente la velocidad de conexión, o se les desconectará de la red permanentemente.

Esta tactica de tres avisos se presentó como propuesta de directiva por la Comisión Europea en forma de enmiendas al “Paquete Telecom”, también conocidas como “enmiendas torpedo”, que se votarán en Bruselas a finales de Septiembre.

Pero resulta que la Sociedad General de Autores y Editores, la conocida SGAE, ya lleva tiempo negociando en secreto con las operadoras telefónicas acerca de aplicar esta nueva norma en España, prescindiendo totalmente de lo que diga el Parlamento Europeo.

La misma SGAE afirma que las empresas telefónicas son receptivas a sus propuestas y que podrían llegar a un acuerdo en los proximos meses para acabar con la “cultura gratis”. El proximo paso será “implicar” al Gobierno para que convierta un pacto entre empresas en una ley, como ya pasó con el canon digital.

El hecho que una “entidad de gestión colectiva” de unos cuantos autores, pueda convertir sus demandas e intereses en ley, pasando por encima de los ciudadanos, dice mucho y muy malo. Si se aprueban las enmiendas torpedo, empresas como SGAE ya no tendrán que “implicar” a los diferentes Gobiernos europeos, ya que serán ellas las que dictarán las normas.

Se supone que en una democrácia existen tres poderes separados: ejecutivo, legislativo y judicial. Los ciudadanos eligen a un gobierno para que gestione una serie de cosas, y este gobierno se debe a sus ciudadanos, que al fin y al cabo son los que con sus votos les han puesto en ese lugar.

Lo que no se puede tolerar de ningún modo es que una “entidad de gestión colectiva” pase por encima de los ciudadanos de un país porque considere que sus ingresos económicos son insuficientes, presione a un gobierno para que legisle a su favor (suplantando así al poder legislativo), imponga castigos y penas a los ciudadanos (suplantando al poder judicial) y se embolse el dinero de los mismos ciudadanos en forma de impuestos encubiertos (suplantando al poder ejecutivo), impuestos que servirán para enriquecer a los gestores de derechos y a los pocos beneficiarios del privilegio mal llamado “propiedad intelectual”, cuando se supone que los impuestos van destinados a todos ciudadanos.

Hasta el momento, en las mesas electorales no se han visto papeletas de “SGAE”, por lo cual no se entiende cómo una entidad de gestión está ejerciendo los tres poderes de un estado que, se supone, debería gobernar por y para sus ciudadanos, y no para una entidad determinada.