Desde hace ya un tiempo,el mundo está sufriendo un recorte sistemático de los derechos y libertades civiles. Derechos que costó muchos años conseguir.
1. ¿Por qué no queremos esta Europa?
2. Cualquier persona es culpable mientras que se demuestre lo contrario.
3. El paquete telecom (también conocido como «las enmiendas-torpedo»).
¿Por qué no queremos esta Europa?
Esta Europa No nace con la intención de mostrar el rechazo que gran parte de la ciudadanía siente hacia las últimas medidas tomadas desde la Unión Europea y que, creemos, obedecen a la deriva autoritaria y disciplinaria por parte de los Estados que la componen sobre los ciudadanos que, con sus votos, les otorgan el control de la vida política.
El Parlamento Europeo es la única institución elegida por los ciudadanos europeos y debe dar el visto bueno a todas las propuestas de la comisión, sin embargo, carece de iniciativa legislativa: no puede proponer leyes.
Todas las iniciativas legislativas recaen sobre la Comisión Europea, un órgano que no es elegido por los ciudadanos y tiene tendencia a ignorar los deseos de éstos. En el caso de las enmiendas-torpedo, como ya pasó con las totalmente ineficientes medidas de control aeroportuario, la historia se está repitiendo.
En el s. XXI y con la experiencia de paz y prosperidad que la relación interregional ha traído a este continente, rechazar un plan de vida común europeo no sería cabal, pero no es esta Europa autoritaria y disciplinante la que los ciudadanos quieren. Europa sí, pero no de esta forma, sino una Europa que, ante todo, respete las libertades de sus habitantes y les permita prosperar de forma libre. Una Europa donde las leyes las propongan organismos elegidos por los ciudadanos, y no un grupo de personas nombradas a dedo.
Entre las medidas adoptadas durante estos últimos meses, en especial con la llegada del verano y la presidencia francesa, encontramos ataques directos a los derechos de los trabajadores, como la directiva para ampliar hasta 65 horas la jornada laboral semanal, pero también derechos ciudadanos básicos se ven reducidos cuando se amplían los márgenes de retención de ciudadanos sin pruebas. Hasta 42 días para ciudadanos de la Unión en algunos estados miembros y hasta 18 meses para ciudadanos extracomunitarios tras la aprobación de la denominada «directiva de la vergüenza».
Sin duda, no son los únicos ámbitos en que el poder político de la Unión Europea ha decidido romper el contrato social que los europeos nos dimos durante la segunda mitad del s. XX. Una parte importante del control social en la sociedad digital se efectúa y se logra a través de un control de Internet, que de este modo tampoco está librándose de los continuos ataques a los que la Unión Europea la está sometiendo.
La más reciente medida para controlar intensivamente la red ha sido bautizada como las enmiendas torpedo, por el modo en que atacan a las libertades ciudadanas básicas en un entorno de vida cotidiana, información y comunicación digital.
Cualquier persona es culpable hasta que se demuestre lo contrario
Una de las mayores aportaciones de la cultura europea a las civilizaciones de todo el mundo es sin duda el Habeas Corpus romano que estipula que toda persona es inocente mientras no se encuentren pruebas de su culpabilidad.
Esta presunción de inocencia es la base de nuestro estado de derecho y es también la piedra angular de nuestros sistemas de derecho civil y penal. Sin embargo, en los últimos años y en virtud de una supuesta «guerra contra el terror» creada y vendida al mundo por los Estados Unidos de América, vemos cómo poco a poco se crean excepciones a esta presunción de inocencia.
Con objeto de las diferentes leyes antiterrorismo, hay Estados de la unión donde, como en el Reino Unido, se puede retener a un ciudadano sin pruebas durante un máximo de 42 días. En España, donde el límite de retención sin cargos es de 72 horas, también existe un plazo más amplio en virtud de la ley antiterrorista. Estos plazos están en continua revisión y sin duda han sido ampliados con excusa del terrorismo internacional que inauguró el comienzo del s. XXI con los atentados de Nueva York y Washington del 11 de septiembre de 2001.
Es importante notar que todos esas retenciones sin pruebas tienen lugar al margen de control judicial, ya que la búsqueda de las pruebas sucede con posterioridad, y está sujeta a la arbitrariedad policial y, por tanto, son también, más susceptible de abuso que las peticiones bajo estricto control judicial.
Que se pueda retener a una persona durante un tiempo cada vez mayor sin pruebas de culpabilidad convierte el derecho, un poder imparcial custodiado por los jueces, en algo arbitrario dependiente de las fuerzas de seguridad del estado, que están directamente bajo control político. Este hecho amenaza la separación de poderes, tan importante en democracia.
Toda retención sin cargos que pueda sufrir un ciudadano comunitario queda inmediatamente silenciada por la desmedida duración del encierro máximo a que pueden ser sometidos los inmigrantes indocumentados, ampliada hasta los 18 meses en función de la directiva antiinmigración aprobada por la comisión europea el pasado mes de junio.
En ningún caso como en éste se puede observar la degradación de los derechos y libertades de las personas que viven en Europa. Una Europa que al tratar indignamente a sus inmigrantes se quita la máscara de lo que quiere ser: nunca más integradora, nunca más espejo intelectual y guía de los avances sociales del mundo.
No podemos aceptar una Europa que erosiona nuestras libertades en virtud de unas leyes que cuestionan absolutamente todo lo que siempre nos dijeron que la democracia debía garantizar: libertad (y la dignidad personal que conlleva) y presunción de inocencia. Como quiera que, estuviéramos a favor o en contra, tenemos que vivir en Europa, no aceptaremos otra forma de gobierno que no sea desde el riguroso respeto a sus libertades individuales y colectivas.
El paquete telecom, también conocido como “las enmiendas-torpedo”
Las enmiendas-torpedo son una serie de reformas propuesta por la Comisión Europea y que amenazan con destruir la internet que conocemos en la actualidad. Desde eliminar la neutralidad de la red, esa característica de la red que obliga a los proveedores a tratar en igualdad de condiciones a todos los nodos de la red, lo cual acabaría con la libertad de comunicación e información a través de la red, hasta permitir el análisis del tráfico de los ciudadanos para espiar quién utiliza la red para descargar obras sometidas a “restricción de copia” (y luego retirar la conexión a la red de forma permanente).
Como se trata simplemente de analizar el tráfico, pero no el contenido, esta medida se podrá aplicar sin ningún requerimiento judicial previo.
El paquete de enmiendas se deberá refrendar en el europarlamento el próximo mes de septiembre de 2008, toda vez que el pasado 7 de julio los comités que las analizaron no rechazaron estas enmiendas por unanimidad.
Jornada laboral de 65 horas semanales
El mes de junio de 2008, los ministros de trabajo de los 27 Estados miembros de la Unión Europea acordaban ampliar la jornada laboral por encima de las 48 horas semanales, la máxima jornada laboral europea hasta el momento, vigente en Alemania, hasta alcanzar las 65 horas semanales.
La decisión fue calificada por el comisario europeo como «un paso adelante en los derechos de los trabajadores», en lo que no es sino una burla de la realidad: la jornada laboral ha aumentado en más de un 50% en algunos Estados, como es el caso de España.
Con esta reforma, ante la cual los sindicatos no han movilizado a sus bases por motivos que quizá tendrían que explicar, se pierden décadas de lucha por progresar en el Estado del Bienestar, la conciliación de la vida laboral con la familiar y, en definitiva, mucha de la esencia del denominado «capitalismo a la europea», cuyos defensores intelectuales gustan definir por contraste con los sistemas estadounidense o chino, que supuestamente otorgan menos derechos y prosperidad al trabajador.
Esta afirmación, sin embargo, queda bastante en entredicho si la UE quiere alargar el tiempo de trabajo de sus ciudadanos hasta el equivalente a 11 horas al día durante 6 días a la semana. Por más que se mire desde diferentes puntos de vista, la reforma para ampliar la jornada laboral a las 65 horas traslada a los trabajadores europeos a condiciones de vida de hace dos siglos y no puede ser aceptada. Más aún, resulta sorprendentemente molesto que ésta haya sido aprobada en nombre de los trabajadores y en virtud de la confianza electoral que los mismos les han otorgado.
Esto nos afecta a todos
Estos tres atropellos son solamente los últimos. Curiosamente han coincidido con la entrada de la nueva presidencia de turno, que en este semestre corresponde a Francia, con Nicolas Sarkozy al frente. Y el primer ministro francés ha demostrado ya varias veces su falta de simpatía a la libertad y los derechos civiles.
Aunque parezca que las medidas que se toman en Bruselas o Estrasburgo no van con nosotros, o que van destinadas a los immigrantes ilegales, no es así. En el momento en que una Directiva Europea se aprueba, es de obligada aplicación a todos los estados miembros. Y si alguien piensa que solamente se aplicará la restricción de libertad sin pruebas durante 18 meses, o la deportación directa a los immigrantes ilegales, se equivoca. Tras ellos, ya estan yendo algunos ciudadanos europeos “de pleno derecho”.
Un claro ejemplo es el efecto que las nuevas “políticas europeas sobre deportación” han tenido, precisamente en España. Tras un aumento inexplicable de las deportaciones, de 17 personas en agosto de 2006 a 500 en febrero de 2007, y la expulsión arbitraria de estudiantes brasileños con absolutamente todos los papeles en regla, las autoridades brasileñas decidieron aplicar la misma regla, reteniendo y deportando a turistas y a ejecutivos españoles.
La reacción de los deportados fue de sorpresa, ya que no entendieron por que se le daba trato de delincuentes a unos “ciudadanos normales que solamente iban a pasar unos días o a hacer negocios”…
Y esto por no hablar del caso de Jean Charles de Menezes, el ciudadano brasileño que fue acribillado a tiros por la policía británica en un vagón de metro, delante de decenas de testigos, simplemente porque llevaba un abrigo que no era de temporada.
Estos tres atropellos son solamente los últimos. Curiosamente han coincidido con la entrada de la nueva presidencia de turno, que en este semestre corresponde a Francia, con Nicolas Sarkozy al frente. Y el primer ministro francés ha demostrado ya varias veces su falta de simpatía a la libertad y los derechos civiles.
